En la antesala de las reuniones entre el Gobierno y los municipios afectados, intendentes de distintas ciudades se manifestaron y expresaron cuáles son las estrategias previstas para solventar los gastos municipales y qué esperan de cara al futuro.

En 2023, Osvaldo Jaldo anunció el fin del Pacto Fiscal. Sin embargo, con el correr de los días y la falta de comunicación oficial, muchos dirigentes muestran incertidumbre y hasta ponen en dudas que dicho acuerdo sea suprimido.

Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción, en contacto con LA GACETA, describió la situación como un hecho de “total incertidumbre”, producto de la falta de comunicación con Jaldo y su ministro del Interior, Darío Monteros.

Molinuevo disiente con el Gobierno y reclama el establecimiento de “una norma transitoria” para luego proceder a lo que él considera “la solución de fondo a este problema”, que es reformar la Ley de Coparticipación. “Tenemos que apuntar a una coparticipación del 20% de los impuestos nacionales y provinciales. Somos de las pocas provincias que distribuyen un 13%; eso es inconstitucional. Confío en que la justicia se encargará de que prospere el reclamo que hicimos con los intendentes opositores en octubre del año pasado”, dijo el radical.

“No nos afecta estar o no estar en el pacto a la hora de cubrir nuestros gastos; este fue utilizado como herramienta política. Existen municipios afines al gobierno que recibieron cifras altísimas de dinero, por lo que no son viables; no es nuestro caso”, exclamó el intendente. Yendo de lleno al manejo de su municipio, destacó la pequeña planta de empleados municipales (800) con la que cuenta Concepción y aseguró que esto presenta “una facilidad a la hora de garantizar la paz social”. Sin embargo, fue claro al decir que “sería bueno elevar los sueldos”, pero justificó que esta imposibilidad es el resultado de la falta de coparticipación.

Poniendo el foco en las obras públicas, confirmó haber tenido una fructífera reunión con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, quien dio su palabra para asegurarle que “las obras que se pusieron en marcha, serán terminadas”.

Y subrayó “más allá de que la continuidad se basará en una gestión ‘austera’, seguiremos adelante con obras pequeñas, sin proyectar grandes trabajos hasta tener un panorama con mayor certidumbre”. “No tenemos deudas, está garantizada la paz social y tenemos que ir, de una vez por todas, a un 20% de coparticipación”, concluyó.

Del otro lado, Gonzalo Monteros, intendente de Banda del Río Salí, contó que aún no hay certezas sobre el futuro de la relación entre los municipios y Casa de Gobierno. “Estamos a la espera de la resolución respecto al DNU del Presidente; la inestabilidad e imprevisibilidad en la que nos encontramos nos llevó a que el gobernador aún no comunique cómo será el nuevo esquema”, dijo. También señaló que las modificaciones impositivas afectaron directamente a las arcas municipales, pero sugirió “mejorar la recaudación municipal” para seguir brindando buenos servicios públicos. “La idea es seguir garantizando a los vecinos buenas condiciones de vida; buenos servicios y utilizar la recaudación para obras de media y pequeña escala” afirmó.

En cuanto a las demandas de la oposición, cuestionó “los reclamos vienen en el gobierno de Jaldo, pero durante la estadía de Manzur no levantaban la voz porque pudieron concluir obras que les permitieron ser reelectos”.

Sin embargo, sostiene que “todo es perfectible” y, si el Poder Legislativo llega a un acuerdo porque lo ve conveniente, una reforma en la ley de coparticipación no se puede descartar.

Refiriéndose a la situación particular de La Banda, Monteros mostró tranquilidad respecto al cumplimiento salarial, siendo este garantizado por el Gobierno en pos de resguardar la paz social, según contó a LA GACETA. Finalmente, invitó al Gobierno a “analizar la situación particular de cada municipio” respecto a las deudas que cargan; y así poder “aliviar el funcionamiento” de distintas ciudades, como sucedió con San Miguel de Tucumán en 2016.

Por otra parte, el intendente de Burruyacu, Jorge Leal, contó: “Estamos tranquilos por el hecho de no estar dentro del Pacto Fiscal; no tenemos deudas con el Gobierno Provincial”. Aclaró que se manejan con otros recursos, por lo que Burruyacu no forma parte de las negociaciones previstas por el Gobierno.

“Siempre es una prioridad pagar los sueldos y llevar paz social, si en algún momento necesitamos cooperación para garantizar pagos, procederemos a la negociación”, expresó el Intendente. Además, destacó que su municipio no haya recurrido al “Fondo Fiduciario” para hacer efectivo el cumplimiento salarial.

Por último, reconoció que, en lo referido a las obras públicas, su gobierno intentará “realizar obras de menor magnitud” para “tener previsibilidad”. Y fue crítico con el Gobierno nacional al señalar “el mercado no va a hacer una obra para que no se inunde el interior”, por lo que esperarán ver cómo avanza la situación económica del país para recién planificar obras un poco más ambiciosas. (Producción periodística: Enzo Ferreira)